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Agricultura y reconstrucción rural

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La masacre afectó de forma directa la producción agrícola de las veredas. Al concentrarse las víctimas en hombres entre 29 y 60 años, las familias perdieron simultáneamente a sus muertos y la capacidad de sostener las tierras. La zona media del corregimiento de La Habana se caracteriza por la producción de café, banano, plátano, maíz, frijol, cítricos, ganadería de engorde y leche, porcicultura y avicultura. El corregimiento hace parte además de la Reserva Forestal Natural Protectora Nacional y da origen al río Guadalajara, principal fuente hídrica del municipio, consigna la Secretaría de Cultura de Buga. El estado de la infraestructura vial incide directamente en la actividad productiva: el Plan 2024-2027 indica que el 90% de las vías rurales del municipio son terciarias y solo el 3% están pavimentadas, condición que limita el transporte de productos agrícolas hacia los mercados urbanos.

 

El declive de esa vocación agrícola se ve incluso en el lenguaje del territorio. Marcos González, docente de ciencias del Colegio Agropecuario desde 2005, recuerda un letrero a la salida de la vereda que la describía como “Alaska, despensa agrícola de Buga”. Hoy, dice, la relación se invirtió: “Ya no es Alaska despensa agrícola de Buga, sino Buga despensa de Alaska”. Lo ilustra con una escena cotidiana: en las tiendas de la zona, cuenta, el plátano y las naranjas que se venden vienen traídos desde el casco urbano.

 

Además de los canastos, “Araña” cultiva tomate, frijol, cebolla, cilantro, albahaca, hierbabuena y caña. También está construyendo un trapiche para producir panela orgánica. Los habitantes lo buscan para que les enseñe a germinar semillas y preparar remedios caseros con plantas.

 

“Yo regresé aquí porque de aquí soy. Estoy enseñado a sembrar, vengo de familia campesina. Desde ese día, varios se fueron. Y ahora, por ejemplo, a esos niños ni les enseñan nada; vea, con todo ese espacio y solo tienen un huerto de caña. Ya a la gente no le interesa el campo”, señaló. La preocupación de “Araña” apunta a una pregunta que el artículo deja abierta: ¿quién heredará el territorio y la memoria cuando su generación ya no esté?

 

Jimmy Cuellar, docente del área agropecuaria del colegio desde 2016, confirma que el apoyo institucional al campo en la zona ha sido casi inexistente. El único respaldo externo verificable, dice, proviene del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con un instructor que asiste una vez por semana a grado décimo y otra a grado once en un programa técnico en sistemas agropecuarios: “es todo lo que reciben de parte del SENA”. Más allá de eso, asegura, en nueve años y medio “no ha habido otra institución que se acerque aquí al colegio a traer algún tipo de capacitación o algún plan, algún proyecto o ayudas agropecuarias”.

 

Cuellar describe una distancia que se vuelve física. Cuando la Secretaría de Agricultura ha llevado insumos a la zona, afirma, los entrega a la comunidad en la vía, sin que lleguen a la institución: “Las entregas las hacen casi en la puerta del colegio, pero hacia el colegio no miran; no hemos recibido un bulto de abono, ni un azadón, ni un machete, ni un gramo de semilla”. El trapiche que construye Araña funciona dentro de las instalaciones del colegio, aunque no le pertenece; según Cuellar, no existe un documento conocido que explique bajo qué condición opera allí ni si la institución hace parte del acuerdo. Lo que sostiene los cultivos del plantel —plantas medicinales, maíz, frijol, yuca, arracacha y un pequeño espacio de caña trabajado en convenio con “Araña”— proviene de la autogestión docente y de aliados externos: la Red Juvenil de Mercados Campesinos, que acompaña al colegio desde hace tres años, y una compostera construida en convenio entre APROPLAM y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

 

Las preguntas sobre la recuperación de terrenos y las formas de financiación de las familias fueron planteadas a la Secretaría de Agricultura en la entrevista del 20 de mayo. Sus respuestas no pudieron incluirse en esta edición porque, al cierre, la dependencia no autorizó el uso del material.

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