ARTÍCULO
Volver a Alaska:
memoria y autogestiónen la zona rural de Buga, veinticinco años después de la masacre
Permanecer en Alaska
Héctor Martínez se levanta a las cinco de la mañana. Sube a guadañar el monte, ayuda a los vecinos a sembrar y para las once ya ha terminado. El resto del día lo pasa en su casa, detrás del Colegio Agropecuario de Alaska, afilando el machete o tejiendo canastos de bejuco. Tiene 63 años y es el único sobreviviente que sigue viviendo en la vereda Alaska, en el corregimiento de La Habana, municipio de Guadalajara de Buga.
En la comunidad lo conocen como “Araña”. El apodo viene de su habilidad como arquero, pero el 10 de octubre de 2001 adquirió otro significado. Ese día, cuando los hombres armados ordenaron a los campesinos formar una fila india y avanzar hacia la parte baja de la vereda, “Araña” vio a un joven escabullirse por un camino lateral. “Yo vi que ese pelado se fue por esos lados. Entonces, cuando me iba a tocar a mí, agarré impulso y ¡fua! en cuatro patas subí por una pared, por unas escaleras, y me lancé. Así, como una araña”, relató. Una mata de cidra amortiguó la caída.
El 10 de octubre de 2001, paramilitares del Bloque Calima asesinaron a 24 personas en el corregimiento de La Habana, en la zona rural de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca).
Veinticinco años después de la masacre y diez tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), conocidas popularmente como FARC, la guerrilla más antigua del continente, Alaska no luce igual que antes. Lo que cambió en estas veredas, lo que no, y quién hizo posible esa diferencia es el centro de esta investigación. Lo que muestran los testimonios y los documentos es que la recuperación del territorio se ha sostenido principalmente en la autogestión comunitaria, mientras que la respuesta institucional, aunque llegó en momentos puntuales, no tuvo continuidad.
El 10 de octubre de 2001
La masacre no fue un hecho repentino. El Observatorio de la Unidad para las Víctimas documenta que el Bloque Calima había intimidado a los pobladores de Alaska desde el 29 de junio de 2001, interrogándolos sobre la presencia de la guerrilla. Suldery Muñoz, de 58 años, habitante del corregimiento de La Habana, recordó que antes de octubre de 2001 hombres armados realizaban reuniones obligatorias en la zona y ejercían control sobre distintos aspectos de la vida comunitaria.
“No convivimos como tal con la guerrilla, pero sí venían a hacer reuniones. Hablaban qué debía hacer usted, qué no, cómo se debe manejar, qué tiene que hacer”. Aunque la presencia armada era conocida en la región, muchos habitantes no imaginaban lo que vendría. “Uno no creía mucho en que iba a pasar una masacre. ¡Eso qué va a pasar acá!”, recordó Muñoz.
El 2 de septiembre, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de extrema derecha, convocaron una reunión en la que amenazaron a los habitantes y les dieron la oportunidad de abandonar sus tierras. El 8 y el 26 del mismo mes realizaron retenes ilegales en la zona rural de Buga. En el libro de minutas del Batallón Palacé quedó registro del paso paramilitar por la vereda Cruce Bar en septiembre de 2001.
El 10 de octubre, paramilitares del Bloque Calima, comandado por Hébert Veloza García, alias HH, irrumpieron en el corregimiento de La Habana, al que pertenecen las veredas de La Magdalena y Alaska. La incursión comenzó en La Magdalena: los hombres armados llegaron solicitando ayuda para desatascar un vehículo y, cuando los pobladores se reunieron en el sector conocido localmente como Tres Esquinas —un cruce que pertenece al corregimiento de La Habana—, procedieron a asesinarlos. Luego se dirigieron a Alaska, donde reunieron a los campesinos frente a la única capilla del lugar con el pretexto de una reunión.
Elaboración propia con base en información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2019). Observatorio al día – N.º 28: Masacre de Buga (2001). Observatorio de la Unidad para las Víctimas. Documento PDF. Diseño gráfico asistido por inteligencia artificial.
Una vez reunidos, recuerda Araña, los hombres armados tomaron el control: “Nos dijo que nos quedáramos quietos… esto es zona de guerrilla; háganse en fila india”. Las mujeres y los niños fueron encerrados en la sede de la Asociación de Mujeres Productoras de Plantas Medicinales APROPLAM Salud y Vida. Los hombres fueron alineados.
A la morgue de Buga llegaron 24 cadáveres: 15 asesinados en Alaska y 9 en el cruce de Tres Esquinas, en La Habana, según Vanguardia. Entre las víctimas había comerciantes y tenderos de la vereda La Magdalena, campesinos de Alaska. Los nombres de las víctimas fueron recogidos el día de los hechos por Francisco Franco y publicados por la Secretaría de Cultura de Buga.
El comandante militar del Bloque Calima, Elkin Casarrubia, declaró ante el Centro Nacional de Memoria Histórica que la masacre fue ordenada directamente por alias HH con el propósito de disminuir la presión del Ejército Nacional, que el 9 de octubre había iniciado un operativo contra una base del Bloque Calima. El Registro Único de Víctimas consigna que el 96% de las víctimas directas fueron hombres y el 60% tenía entre 29 y 60 años, la franja de mayor actividad laboral en zonas agrícolas.
Elaboración propia. La composición visual fue generada con apoyo de inteligencia artificial a partir de datos verificados en la investigación.
La responsabilidad institucional fue señalada desde el principio. El secretario de Gobierno municipal, Jaime Alberto Ochoa, denunció que días antes de la masacre las AUC habían instalado un retén a cinco minutos del Batallón Palacé. La Defensoría Regional señaló que los primeros asesinatos ocurrieron a quince minutos en carro del casco urbano, reportó Verdad Abierta. El general Francisco René Pedraza, comandante de la III Brigada, confirmó que sus tropas habían sido movilizadas ese mismo día hacia Calima-Darién. El secretario de Gobierno reportó haber visto a los hombres armados y haber alertado a la Estación de Policía La Magdalena. Sin embargo, el Ejército calificó la información como conjeturas.
Lo ocurrido en estas veredas hace parte de un patrón más amplio. En los primeros diez días de octubre de 2001, las AUC dejaron 140 civiles muertos en diferentes regiones del país. Durante el conflicto armado, el departamento del Valle del Cauca registró 41.201 víctimas fatales, el 9,1% del total nacional, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, que documentó el conflicto entre 1985 y 2018.
Elaboración propia con base en datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2025). Casos masacres [Base de datos]. Observatorio de Memoria y Conflicto. Recuperado el 21 de mayo de 2026 de Observatorio de Memoria y Conflicto – Casos masacres. Diseño gráfico asistido por inteligencia artificial.
La masacre tuvo consecuencias judiciales. En 2013, el coronel (r) Jorge Alberto Amor Páez, excomandante del Batallón Palacé, fue condenado a 31 años y 11 meses de prisión por no haber protegido a los civiles. Posteriormente, el Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por falla en el servicio, y la obligó a indemnizar a las familias de las víctimas. En un fallo previo, de 2009, el Juzgado Segundo Administrativo de Buga ya había ordenado erigir en un lugar público de la vereda un "monumento apropiado y digno" en memoria de las víctimas. Para el alto tribunal, resultó determinante que los paramilitares pudieran desplazarse libremente, seleccionar víctimas, asesinarlas y huir sin que la Fuerza Pública se percatara, pese a la existencia de informes de inteligencia previos sobre la presencia de grupos armados en la región.
Imagen: El País, 12 de octubre de 2001. Cobertura de la masacre con testimonios de habitantes y el listado de las víctimas. Diseño gráfico asistido por inteligencia artificial.
Primera firma simbólica realizada en Cartagena, la cual fue sometida a plebiscito el 26 de septiembre de 2016. Fuente: Adaptado de The New York Times (2016). Diseño gráfico asistido por inteligencia artificial.
Desplazamiento y ruptura comunitaria
Jairo Medina, hermano de crianza de Araña, tampoco presenció la masacre directamente. Ese día estaba con Ramiro, otro de sus hermanos, en la finca El Cairo, al otro lado de la montaña, sacando carbón. El almuerzo que se habían llevado hecho desde la madrugada fue lo que los mantuvo allá hasta el mediodía. “El almuerzo que nosotros llevamos, ese fue el que nos salvó el pellejo. Porque nosotros siempre nos veníamos al medio día”.
Cuando bajaron, un vecino los detuvo en la carretera. “No vayan por allá muchachos que mataron a don Mario… mataron a don Balbino… Balbino Pérez”, recuerda que les dijo. Subió de todas formas. “Cuando allá arriba unos muertos… allí abajito donde está el policía acostado había un montón de muertos”, dijo, y se le quebró la voz.
Las secuelas no tardaron. Durante semanas, la vereda quedó vacía después de las seis de la tarde. “Uno aquí salía a las 6 de la tarde y no había un alma… todo el mundo se encerraba. Esa época duró unos 20 días que usted no encontraba un alma ya después de las seis”, recordó Jairo. Él vivía entonces en una casita azul al borde del camino. Una noche creyó escuchar que desaseguraban fusiles en el balcón. “Y de pronto estaba relampaguiando. Esas luces. Y uno sentía que era que estaban alumbrando como con linternas”. Se asomó por una hendija de la puerta: era un potro rascándose contra unos burros de metal. “Yo quedé psicosiao. Una psicosis ni la tremenda”, dijo. Años después, cuando los perros ladraban de noche, todavía se despertaba sobresaltado.
El Estado envió psicólogos justo después de la masacre. Luego dejó de hacerlo. “A uno le mandaban aquí psicólogos… cuando la masacre, porque ya después ya no”, señaló Jairo. Su testimonio contrasta con el de Araña no en los hechos, sino en la forma de procesarlos: mientras uno quedó con la ansiedad instalada, el otro teje, siembra y enseña.
Suldery Muñoz no presenció la masacre directamente —los hechos ocurrieron a diez minutos de su residencia—, pero llegó al lugar después. Entre las víctimas estaban amigos y vecinos. “Ese mismo día nos fuimos la mayoría para Buga, los que tuvieran familiares o lo que fuera. En el caso mío nos fuimos para Yotoco, donde otra hermana”, recordó. El desplazamiento no fue definitivo ni lineal. “Nosotros empezamos para allá, para acá, porque veníamos, volvíamos, nos íbamos en la tarde. Yo me acuerdo que ya para el 25 de diciembre estábamos acá del todo”, relató Muñoz. Su regreso estuvo ligado a la vida campesina y a los vínculos familiares en el territorio. Una de sus hermanas emigró y se radicó en Bogotá y otra se trasladó a Buga junto a su madre.
Tras la masacre, 37 familias se albergaron en el Coliseo Ignacio Álvarez del casco urbano de Buga durante más de tres años, documenta el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. La comunidad que permaneció o retornó tuvo que enfrentar además la estigmatización difundida sobre la vereda, que contribuyó a frenar el desarrollo productivo, comercial y turístico de la zona durante años, registra la Secretaría de Cultura de Buga.
El retorno de familias como la de Muñoz ocurrió sin que mediara un plan estatal que lo acompañara. Quince años después de la masacre, el país firmaría un acuerdo que prometía, justamente, saldar la deuda con el campo donde el conflicto había golpeado más fuerte.
El Acuerdo de Paz en el territorio
En noviembre de 2016, el Gobierno colombiano y las FARC-EP firmaron el Acuerdo de Paz. El punto 1, conocido como Reforma Rural Integral, estableció como objetivos centrales la erradicación de la pobreza extrema rural en una fase de transición de 15 años y la reducción de la pobreza rural en un 50%, señala el Tercer Informe al Congreso de la Procuraduría General de la Nación.
El mecanismo central de intervención territorial fueron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados para transformar las zonas más afectadas por la pobreza, el conflicto armado, la debilidad institucional y la presencia de cultivos ilícitos. El Acuerdo priorizó 170 municipios en 16 subregiones. Guadalajara de Buga no fue incluida en ninguna. La priorización no dependía de que un municipio hubiera sufrido hechos victimizantes —que en Colombia abarcan casi todo el territorio—, sino de un índice que combinaba pobreza, debilidad institucional y presencia de cultivos ilícitos. Buga no alcanzó ese umbral, de modo que el principal instrumento del Acuerdo para el campo nunca operó en el municipio. El mismo informe consigna que la fecha límite para adoptar los Planes Nacionales Sectoriales era 2018 y que ese plazo se incumplió.
Ese mismo año, el Concejo Municipal de Buga aprobó el Acuerdo 056 de 2018, que creó la Política Pública de Desarrollo Rural Integral con vigencia hasta 2034. Su propio texto reconoce que las acciones públicas en el sector rural del municipio “no han producido los resultados esperados por la falta de coherencia y articulación necesarias entre los diferentes gobiernos”. La Secretaría de Agricultura y Fomento quedó designada como secretaría técnica de esa política. El Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) cerró en 2019, el mismo año en que la nueva política entró en vigor.
En 2013, doce años después de la masacre, la comunidad del corregimiento de La Habana fue reconocida por el Estado colombiano como sujeto de reparación colectiva. La Unidad para las Víctimas implementó la estrategia Entrelazando, ruta de reparación colectiva, orientada a la rehabilitación del tejido social, y ejecutó entre 2013 y 2019 el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) con una inversión superior a 483 millones de pesos. Las acciones incluyeron dotación de insumos agrícolas, semillas, fertilizantes y alevinos de trucha y mojarra; recuperación del trapiche panelero; instalación del mercado campesino; capacitaciones en liderazgo ambiental; reparación de vías de acceso a las veredas; y adecuación de la casa de la Junta de Acción Comunal.
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 incluyó entre sus proyectos la pavimentación del tramo vial hacia Alaska, la formulación de planes de saneamiento prioritariamente para La Habana y La Magdalena, y la construcción de un escenario deportivo en La Habana. Para su ejecución, el plan señaló que el municipio gestionaría recursos ante entidades a nivel nacional y departamental, y fijó como meta garantizar atención, asistencia y reparación al 100% de las personas que demandaran servicios, sobre una línea base de 10.321 personas declaradas víctimas ubicadas en Buga.
La cifra de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado en el municipio ha aumentado con el paso de los años. El Plan de Desarrollo 2020-2023 reportó 10.588 personas declaradas víctimas. El Plan de Desarrollo 2024-2027 cita al Registro Único de Víctimas con corte a 2023: 12.151 víctimas por ocurrencia, 14.049 en declaración y 12.254 por ubicación en el municipio.
Lo que los planes de desarrollo prometieron y lo que se ejecutó en las veredas afectadas es una de las preguntas centrales de esta investigación. La siguiente tabla sintetiza los compromisos identificados y el estado de verificación de cada uno:
Para esta investigación, el equipo buscó la versión institucional. Se radicaron derechos de petición ante la Alcaldía de Guadalajara de Buga, solicitando información sobre las acciones de reparación ejecutadas en el corregimiento de La Habana entre 2016 y 2026, y ante las secretarías de Educación, Agricultura y Cultura. La Secretaría de Agricultura concedió una entrevista grabada en la mañana del 20 de mayo de 2026; horas después, su oficina jurídica contactó al equipo para indicar que el material debía pasar por revisión del área de comunicaciones antes de poder publicarse, y prometió remitir además una respuesta institucional escrita. Se compartió la grabación según lo solicitado, pero la Secretaría no autorizó el uso de la entrevista ni envió la respuesta. La Secretaría de Educación atendió a través de dos funcionarios, aunque sin entregar las cifras oficiales de matrícula y deserción. La Alcaldía no respondió. Vencido el plazo inicial el 25 de mayo de 2026, la única respuesta escrita llegó de la Secretaría de Cultura, y fue para informar que la consulta abarcaba alrededor de veinticinco años de documentos guardados en el archivo central y que se acogía a la prórroga legal de la Ley 1755 de 2015 para seguir buscándolos. Al cierre de esta edición, esa información no había sido entregada. La única contestación del Estado, en otras palabras, fue pedir más tiempo.
El Plan de Desarrollo 2020-2023 registra, sin embargo, una intervención concreta en la vereda durante ese periodo: la PTAP Alaska, una planta de tratamiento de agua potable ejecutada con recursos de cooperación internacional que benefició a 177 personas víctimas del conflicto armado, 48 familias y los 416 habitantes de la vereda, e incluyó entre sus estrategias la educación sanitaria. El plan la registra como resultado de la cooperación internacional, con la Alcaldía como gestora, y es la única intervención documentada en el territorio después del cierre del PIRC.