top of page

La paradoja de la tierra invisible

​

En el Valle del Cauca, el Estado convirtió la reparación estatal en una paradoja que parece escrita por alguien con un pesado sentido del humor. Mientras que unos tienen un título de propiedad sobre un suelo que no saben ni cómo tocar, otros con las manos curtidas por el azadón continúan sembrando en predios ajenos.

 

El sol apenas se asoma entre las nubes que cubren las montañas de La Habana. El aire huele a campo. Cuesta imaginar que estas mismas carreteras, fueron el escenario de una masacre atroz que marco la historia reciente del Valle del Cauca.

​

     El 10 de octubre del 2001, el verde de la cordillera se mezcló con el rojo que brotaba de los cuerpos tendidos sobre el pavimento húmedo. Hombres que quedaron atrapados en medio de una guerra que no era suya. Integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) los señalaron de colaborar con la guerrilla de las FARC y los asesinaron. Eran campesinos. Eran trabajadores. Eran civiles.

​

     Han pasado casi veinticinco años desde aquel día que el canto de las aves fue reemplazado por ráfagas de fusil y gritos de incertidumbre. Desde entonces, el estado ha intentado reparar de distintas maneras, las heridas que dejo la violencia.

​

* * *

​

Cinco años después de la masacre, en 2006, una llamada inesperada interrumpió el almuerzo de Azul.

​

      Azul no es su nombre real. Es un escudo para proteger su identidad en una región donde la tierra se sigue pagando con sangre. Mientras recuerda la historia, su tono cambia. Se vuelve cuidadoso. Mide sus palabras. Azul se muestra tensa; insiste con firmeza en que no se mencione su verdadera identidad. Las secuelas de la violencia siguen presentes en su voz.

​

     Al otro lado de la línea, una persona le pidió acercarse a la Alcaldía con algunos documentos. Todo parecía ser un engaño, la llamada llegó sin ser esperada. Sin embargo, los preparó y decidió asistir.

​

     El trámite fue rápido. Nadie le explicó demasiado. Tres días después, su nombre aparecía en una lista de beneficiarios de tierras dentro del programa de Reforma Agraria del INCODER, dirigido a campesinos sin tierra, población desplazada y personas en proceso de reincorporación.

​

La “sorpresa” parecía caída del cielo. De un momento

a otro, una mujer que nunca había poseido tierra se convirtió en propietaria.

​

     Los predios ubicados entre Buga y San Pedro, que habían pertenecido al narcotraficante José Santacruz Londoño, fueron entregados a 195 familias; solo siete pertenecían al corregimiento de La Habana.

​

     Azul estaba entre ellas.

​

     Pero la justicia actúa sin aludir mucho a la palabra “justo”.

​​

     Las historias de tierras rara vez son sencillas.

​

     Mientras que ella se preparaba para ser propietaria, Héctor Martínez, conocido como “Araña”, salía a la madrugada para cultivar tierras que nunca serían suyas. Para él, la reforma agraria fue una noticia que escucho a lo lejos.

​

     La contradicción era marcada. Una mujer que jamás había utilizado sus manos para sembrar se preparaba para recibir tierra. Mientras que un campesino que había pasado toda su vida cultivándola continuaría sin ella.

​

* * *

​

Al principio hablaron de ocho hectáreas por familia. Después comenzaron los descuentos: los humedales, guadales y zonas protegidas por ley. La cifra se encogió poco a poco hasta llegar a 5,89 hectáreas por beneficiario.

​

     Cuando Azul recibió los papeles, imaginó una parcela delimitada, un pedazo de tierra como los que acostumbraba a ver de camino a casa.

​

     La realidad era distinta. Apareció la “letra pequeña”.

​

     Los funcionaron le explicaron que la propiedad estaba constituida bajo la figura jurídica que muy pocos entendían llamada común y proindiviso.

​

     La explicación era engañosamente sencilla –bueno, eso parecía—

 

Todo es de todos, pero nada es de nadie.

​​​

     Azul tiene hoy un título de propiedad, pero no una cerca. Es dueña de una fracción matemática de un todo invisible, una propietaria en el aire. No sabe dónde termina su pedazo y dónde empieza el del vecino. Además de que no puede sembrar sin acuerdos colectivos.

​

     La reforma agraria prometía convertir a los beneficiarios en productores, pero ocurrió lo contrario. La mayoría de los nuevos propietarios nunca se mudaron a los predios.

 

      Algunos vivían en ciudades cercanas. Otros jamás habían trabajado la tierra. Y muchos no contaban con los recursos para ponerla a producir.

​

      Pero la entrega tenía una condición: las tierras debían ser productivas.

​

      Es así como la supervivencia les dictó el camino: arrendar.

​

      La solución fue administrativa.

​

      En lugar de repartir parcelas, el proyecto obligó a los beneficiarios a convertirse en socios. Tuvieron que elegir presidente, secretario, contador y abogado.

​

Las decisiones dejaron de tomarse en cada parcela,

al calor del sol y comenzaron a tomarse en reuniones

y oficinas.

​
     La mayoría se agruparon en una empresa que sería la encargada de administrar las tierras. Era aproximadamente mil hectáreas productivas.

​

     Mientras tanto, el paisaje del Valle del Cauca seguía siendo el mismo.

​

     La caña continuaba creciendo.

​

     Los ingenios continuaban necesitando tierras.

​

     La propiedad entregada mediante el proyecto de reforma agraria encontró su lugar dentro de la misma economía que dominaba la región desde décadas atrás.

​

Los terrenos fueron arrendados para producción de caña,

no había manos que labraran la tierra, solo cuentas

bancarias recibiendo dinero por el uso.

​

​

     Lo que comenzó como una promesa de fortalecimiento del campo colombiano, terminó convirtiendo a las víctimas en accionistas pasivos de un monocultivo de caña que ellos no controlan.

​

     Con los años llegaron las disputas. Los desacuerdos. Las acusaciones de malos manejos. Las deudas.

​

     Hoy azul habla de reuniones, balances y contratos con la misma facilidad que un campesino habla del clima y de los tiempos de cosecha.

​

     Hace dos años que no recibe dinero de las hectáreas que legalmente le pertenecen y que siguen siendo explotadas. Desde ese entonces se encuentran en disputas legales por un contrato que decidieron no firmar porque el ingenio les reconocían menos de las hectáreas que realmente estaban sembrando.

​

     Veinte años después de haber recibido la propiedad, Azul se para frente a una inmensidad verde del Valle, donde la caña de azúcar borra cualquier rastro de frontera humana. Sabe que es la dueña de una fracción, pero cuando intenta señalarla, su dedo apunta al viento. Ella sigue buscando el suelo que el estado le prometió, mientras Araña a unos kilómetros, sigue labrando un suelo que nunca podrá llamar suyo.

​

Por: Jessica Marcela Galvis Galeano

bottom of page