Educación y permanencia

​

​

El abandono del campo no se queda en las fincas: también marca el futuro de los jóvenes que siguen en el colegio. En la vereda Alaska funciona el Colegio Agropecuario, detrás del cual vive “Araña”. Entre las víctimas de la masacre estaba Avelino Sánchez, apodado “el cholo”, vigilante y padre de estudiantes del colegio.

En la misma zona, las instalaciones de la antigua Colonia Penal de Alaska fueron habilitadas en su momento para el funcionamiento de un centro educativo conocido como Colegio Agroforestal. Con el tiempo, el fomento a los programas agrícolas evolucionó hasta el establecimiento del Colegio Agropecuario de Alaska como sede de la Institución Educativa La Magdalena, bajo administración y propiedad de las Empresas Municipales de Buga, registra la Secretaría de Cultura de Buga.

 

El impacto de la masacre sobre el colegio fue inmediato. Docentes que vivieron los hechos relatan que tras octubre de 2001 toda la planta de profesores tuvo que desplazarse temporalmente a la vereda La Magdalena por temor, y que buena parte de los estudiantes se retiró cuando los padres los sacaron de la institución: “Yo creo que un 60, 70% más o menos de los estudiantes se nos fue”, recuerda uno de ellos. La matrícula nunca recuperó sus niveles previos. Esos mismos profesores, con más de tres décadas en el plantel, describen una reducción sostenida: “Yo llegué aquí en el año 92 y había una planta docente como de 14 docentes. Hoy en día somos nueve. La misma cantidad de estudiantes: manteníamos grupos de 45 y ahora no pasan de 20”.

 

Marcos González aporta otra medida del mismo declive: cuando llegó en 2005 el colegio tenía coordinador, cargo que solo existe en instituciones con más de 500 estudiantes; en 2026, dice, “no pasamos de 250, o sea, se ha perdido el 50%”. Jimmy Cuellar precisa que este es el año con menos estudiantes que ha visto: “Aquí hemos tenido matrículas de hasta 136 estudiantes. Este año escasamente llegamos a 98”. La principal causa de deserción, coinciden, no es el conflicto sino la falta de empleo: cuando los padres pierden el trabajo en una finca, se marchan con sus hijos a otras zonas o al exterior. Varias madres de la vereda han emigrado a Chile y muchos estudiantes quedan al cuidado de los abuelos. La deserción remite al mismo vacío que recorre esta historia: el empleo rural que el Acuerdo de Paz prometió reactivar —y que en Buga nunca llegó— es el que, al faltar, se lleva a las familias y a sus hijos.

 

La Secretaría de Educación Municipal tiene una lectura distinta. Adriana Soto, quien coordina el Programa de Educación Rural (PER), la Escuela Nueva y la Cátedra Campesina, asegura que desde la dependencia se trabaja en el fortalecimiento de huertas escolares, saberes ancestrales y arraigo territorial en la zona. “Lo que nos han dicho los profesores es que ellos ven un fenómeno social muy al fondo: los chicos quieren salir del territorio”, reconoce. Pero explica que los docentes capacitados en las cartillas del PER ya no están: salieron en el concurso de méritos y quienes llegaron adaptan los materiales a sus propias necesidades. La brecha entre lo que la Secretaría dice que implementa y lo que los profesores dicen que reciben no se resuelve en ningún documento: se queda abierta en medio.

Esa brecha tiene además una dimensión municipal. José Magín Salcedo Azcárate, líder de Inspección y Vigilancia de la Secretaría, sitúa la caída de matrícula en Alaska dentro de un fenómeno más amplio: “Cuando arrancamos en 2001, que se certificó el municipio, arrancamos con cerca de 21.000 estudiantes para todo Buga. Hoy llegamos a cerca de 12.000”. La causa, dice, no es solo deserción sino cambio demográfico: las familias numerosas del campo ya no existen.

 

El acompañamiento psicosocial tras la masacre, según los docentes, no alcanzó al cuerpo profesoral. “No hubo un plan. Vuelva al sitio de trabajo a trabajar, y listo”, recuerda uno de ellos sobre el regreso a clases. La forma de procesar lo ocurrido, cuentan, fue volver al aula: tener a los niños ocupados en lo académico. Solo a partir de 2018 el colegio comenzó a contar con procesos de orientación psicológica más continuos, hoy a cargo de un orientador permanente.

 

Dentro del aula, la formación agropecuaria que da nombre al colegio se sostiene sin un programa estatal que la respalde. Cuellar señala que el Programa de Educación Rural (PER), diseñado para fortalecer este tipo de instituciones, nunca fue socializado en el plantel, y que la modalidad agropecuaria se mantiene por tradición y por los lineamientos del Ministerio de Educación, no por un proyecto territorial específico. González, por su parte, financia buena parte del material de su laboratorio con recursos propios y con la venta de reciclaje del colegio. En 2014 la Alcaldía le pidió un inventario para dotar el laboratorio —"me dijeron que hiciera como si fuera a dotarlo completamente", recuerda—; el cálculo ascendió a 25 millones de pesos, le pidieron reducirlo a cinco, y al cierre de esta entrega esa dotación no se ha concretado.